Avda. Primero de Mayo, 59. 13500 Puertollano (C. Real)
+34 675 022 833
admiber@partidoiber.es

Política, Administración y Justicia

POLÍTICA

ESTADO IBÉRICO: Crear la nueva estructura del Estado Ibérico es una tarea compleja que requerirá de amplitud de miras, flexibilidad, espíritu de consenso, generosidad, conocimientos técnicos y, sobre todo, de mucha negociación y paciencia.

En principio, el Estado autonómico español goza ya de una experiencia de aciertos y errores a partir de los que puede comenzarse a discutir. Tenemos los dos países la enorme baza de partir de dos Constituciones avanzadas y ya muy desarrolladas en aspectos individuales y sociales.

La finalidad de esa nueva estructura territorial debe ser la creación de una nueva unidad mínima de supervivencia individual y colectiva, que nos permita competir mejor en este planeta globalizado definitivamente y eleve la potencialidad de las culturas ibéricas en un nuevo proyecto de experiencia y conocimiento abierto a los retos del futuro.

ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO

Se creará el Ministerio Ibérico de Administración, una de sus principales funciones será una mayor racionalización de la Administración y una mayor optimización de los recursos públicos.

Se creará, bajo la supervisión de catedráticos de probada experiencia e independencia y de funcionarios de profesionalidad conocida, la Escuela Ibérica de Formación de Funcionarios.

Todos los puestos importantes de la Administración, tanto Central, como Autonómica o Local (secretarios, interventores, tesoreros, etc.), serán ocupados mediante oposiciones libres para todo el territorio ibérico.

PROPUESTAS

  • Creación de un Ministerio Ibérico de Administración con total competencia en la coordinación de todas las Administraciones.
  • Transferir al Comunidades Autónomas todas las competencias de las Diputaciones Provinciales, las cuáles serán eliminadas. Las provincias desaparecerán como unidad organizativa del Estado.
  • Establecer definitivamente las competencias de los Ayuntamientos y dotarlos de medios para desarrollar la labor con eficacia.
  • Potenciar el municipio como unidad básica y principal de prestación de servicios al ciudadano y de integración social. En este sentido, además de reformar la financiación autonómica para asegurar una suficiente asignación de recursos, se producirá a una profunda redefinición del mapa municipal en función de las realidades sociales existentes. Esta redefinición buscará reducir drásticamente el número de municipios para racionalizar el gasto y se estructurará de tal forma que, en la medida de lo posible, todos los ciudadanos sean proveídos de los servicios básicos competencia de los ayuntamientos en su ayuntamiento de residencia y sea el propio ayuntamiento de residencia el que, con sus propios recursos, los provea. Nos negamos a caer en la simpleza de dar una cifra mínima de población para los nuevos ayuntamientos. Esta es una cuestión que ha de analizarse caso por caso por expertos, según las condiciones sociológicas, económicas y geográficas de cada territorio. En ningún caso esta redistribución supondrá que un territorio cambie de comunidad autónoma salvo acuerdo de los vecinos y consentimiento de las dos Comunidades Autónomas implicadas.
  • Hacer del Senado una Cámara de representación territorial más cercana y eficaz.
  • Eliminación de los defensores del pueblo y tribunales de cuentas autonómicos, si bien el Tribunal de Cuentas estatal será potenciado para permitirle llevar a cabo su labor de forma eficaz y sin retrasos indebidos.
  • Cubrir todos los cargos importantes de la Administración Central, Autonómica y Municipal que no sean electos con funcionarios de carrera que superen las correspondientes oposiciones libres.
  • Favorecer la Administración electrónica.
  • Reforma de la ley electoral para aproximarse más al principio de una persona igual a un voto. La circunscripción electoral será la Comunidad Autónoma y se establecerán fórmulas para que los partidos con voto disperso por todo el territorio nacional no salgan perjudicados.
  • Concentrar todas las elecciones en un mismo día para ahorrar costes y favorecer el interés por la política así como la estabilidad de gobierno.
  • Fomentar la participación ciudadana en la política mediante el impulso de la figura del referéndum:
    • Los ciudadanos podrán reunir firmas para conseguir que una propuesta de ley sea planteada en Referéndum, siempre que no implique una declaración de guerra o una modificación de un tratado internacional (en cuyo caso la votación deberá ser para denunciarlo). Las firmas deberán ser obtenidas en un periodo máximo de cuatro meses. El número de firmas necesarias para lograr la convocatoria será la menor de las dos siguientes cantidades: 200.000 votos o el 10% del cuerpo electoral de relevancia (local, provincial, autonómico o estatal, según el tipo de propuesta).
    • Toda propuesta deberá registrarse en un registro especial antes de empezar la recolección de firmas, y se identificará a la persona o personas que se presentan como instigadores de la propuesta. Se establecerán las garantías necesarias para asegurar que no se falsifican firmas, que la fecha de las firmas no se adultera y para habilitar la firma por medios telemáticos.
    • El ámbito del referéndum estará en función de qué cuerpo administrativo tiene competencia: si es una cuestión de competencia estatal, se hará a nivel estatal, si es de competencia municipal, se hará a nivel municipal), y si es competencia autonómica, a nivel autonómico. Si por las circunstancias particulares de la cuestión, es conveniente tratarla en varios municipios o Comunidades Autónomas al mismo tiempo, se podrá plantear también en ese nivel de forma motivada.
    • Para garantizar que cada referéndum se trata en el ámbito que corresponde, todas las propuestas que alcancen el número de votos suficiente serán revisadas por un tribunal de jueces elegido al azar, el cual determinará si fue correcto o no el ámbito elegido. Si resulta equivocado, se remitirá al ámbito escogido. Si resulta que en el nuevo ámbito no hay firmas suficientes, se reabrirá un nuevo plazo de dos meses para recibirlas. Así, además, evitamos obligar a los partidos políticos que consideren que el referéndum no es legal a que paguen el precio político de impugnar en tribunales un referéndum, lo cual es poco decoroso. También se permite una mayor agilidad, puesto que de lo contrario habría que impugnar el referéndum, anularlo y celebrar uno nuevo partiendo de cero, mientras que aquí las firmas antiguas se mantienen.
    • Para garantizar que todas las propuestas son revisadas, aquellas propuestas que alcancen el número de firmas en los seis meses anteriores a las elecciones se votarán en las siguientes elecciones. La junta de jueces deberá pronunciarse en un plazo máximo de cuatro meses, siendo su silencio considerado como una aceptación tácita del ámbito. De esta forma siempre habrá plazo para la prórroga de dos meses en caso de insuficiencia de firmas.
    • Si una propuesta recibe los suficientes firmas en ese periodo de cuatro meses, será planteada en Referéndum en las siguientes elecciones que se realicen, al estilo de Suiza o de Estados Unidos. Los electores, al mismo tiempo que votan a sus representantes, decidirán directamente sobre esa cuestión en concreto que se ha planteado.
    • En el tiempo que transcurre entre que se consiguen las firmas y se celebran elecciones, se podrá hacer campaña a favor de la iniciativa. Se ofrecerá una cobertura informativa especial en los medios de comunicación públicos y espacios electorales de los medios privados a las cinco propuestas que hayan obtenido más firmas. Los partidos políticos podrán pronunciarse sobre su postura en los referendos que se fueran a celebrar y a aquellos que participen en los debates públicos se les preguntará expresamente por su postura en los cinco referendos con más firmas.
    • El resultado del referéndum será vinculante y el nuevo parlamento deberá aprobar una ley en el sentido aprobado por el cuerpo electoral.
    • Un referéndum se considerará superado si ha participado al menos el 50% del censo electoral y hay más votos a favor que en contra, salvo que trate una materia reservada a ley orgánica (lo que será revisado por la junta de jueces), en cuyo caso será necesario un 50% del censo y mayoría absoluta (más votos a favor que en contra, abstención y nulos).
    • No obstante, para garantizar la estabilidad presupuestaria, aquellas medidas que impliquen un aumento del gasto sustancial (superior al 1% del PIB) podrán ser vetadas por el Gobierno si hay déficit presupuestario. El veto implica que la medida no se aplicará hasta que su implementación no implique incurrir en déficit.
    • Si la medida aprobada implica una reforma de la constitución, la aprobación en referéndum no hará que la propuesta se vuelva efectiva sino que se inicie el procedimiento ordinario de reforma de la constitución.
    • Se modificará el sistema de reforma de la Constitución para que no quepa una reforma sin referéndum en el que participe al menos el 60% del censo y se obtenga un 55% de votos favorables sobre el total de votos (incluidos los nulos).

DEFENSA

Hasta tanto se logre una unidad de hecho, existirán dos ministerios de defensa, portugués y español. Teniendo en cuenta nuestro compromiso con la defensa de los valores de la sociedad occidental, la unidad de España y Portugal tendrá un efecto muy positivo en nuestra capacidad defensiva, y constituiremos una unidad de respuesta ante posibles agresiones menos  vulnerable y más valorada internacionalmente.

PROPUESTAS

  • Crear la unidad militar de emergencia ibérica, dotada de todos los medios necesarios.
  • Mayor coordinación entre los Ministerios de Defensa de Portugal y de España.
  • Dotar a nuestras fuerzas armadas de los medios modernos necesarios para ejercer con eficacia su labor.
  • Aplicación de la justicia militar por tribunales civiles.
  • Fortalecer el papel que los valores democráticos deben imperar en el espíritu militar.
  • Estandarización del equipamiento utilizado a medio plazo, para así poder realizar compras y fabricaciones conjuntas, logrando economías de escala y reducción de costes.
  • Camino hacia un ejército conjunto a largo plazo, que tendrá carácter defensivo y de mantenimiento del orden y la democracia a nivel mundial. Este ejército pondrá especial énfasis en el plano naval, en tanto que las aguas jurisdiccionales de Iberia estarían entre las mayores del mundo. En el plano terrestre se estructurará en torno a brigadas especializadas y capaces de desplegarse con rapidez en zonas de conflicto o en defensa del territorio.
  • Compartir medios, como aeronaves, embarcaciones y submarinos (por ejemplo: en la actualidad, Portugal cuenta con 3 submarinos, mientras que todos los de España están en dique seco; el portaaviones “Príncipe de Asturias” se está oxidando, cuando la fuerza aérea de Portugal podría utilizarlo como base de entrenamiento).

CIBERDEFENSA

Cuando conectamos un ordenador a Internet, éste recibirá unos pocos miles de ciberataques diarios. Es el “ruido de fondo” de Internet. Casi todos, son ataques automatizados. Pero algunos son realmente malévolos. Son las APT (Advanced Persistent Threats) y pueden paralizar todo un país. Este mundo de oportunidades, también ha traído nuevos peligros: un delincuente en la otra punta del mundo puede tomar el control del ordenador de una planta de agua potable y cambiar la dosificación de un producto químico, envenenando a toda una ciudad; o tomar el control de un ordenador de una central nuclear, con consecuencias catastróficas. Ahora, podemos matar personas desde miles de kilómetros de distancia, con un solo click en nuestro móvil o tablet.

Algunos Gobiernos extranjeros, en su afán de mantener la seguridad, y escudados en oscuros pretextos de lucha contra el mal, han aprovechado las nuevas herramientas para ejercer un espionaje masivo de los Gobiernos, las empresas y los ciudadanos de todo el mundo. Enfrentarse al cibercrimen no debería estar reñido con garantizar los derechos fundamentales.

PROPUESTAS

  • Continuar el desarrollo y mejora continua de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, y de las políticas Europeas de protección ante este tipo de amenazas, con el fin de que, tanto las Administraciones Públicas, empresas o ciudadanos hagan un uso seguro de los Sistemas de Información.
  • Proteger las infraestructuras críticas (energía, agua, medicina, comunicaciones,…), garantizando que poseen, en todo momento, el adecuado nivel de seguridad y resiliencia.
  • Crear un Plan Ibérico, en coordinación con la Unión Europea y otros organismos de ámbito internacional o regional con competencias en la materia, que ayude a las Pymes a proteger sus Sistemas de Información y sus activos digitales del ciberespionaje y robo de datos.
  • Cifrado por defecto de todos los datos que circulen por las redes públicas.
  • Cifrado fuerte de todos los datos de la Administración.
  • Formación básica en ciberdefensa de todos los empleados públicos.
  • Fortalecer los CERT (Centros de Respuesta a Incidentes Informáticos) y dar más notoriedad a su labor.
  • Colaborar en las Instituciones Europeas y mundiales de lucha y control del crimen organizado que utiliza medios electrónicos.
  • Formación básica en ciberdefensa de todos los ciudadanos. Del mismo modo que sabemos cómo proteger nuestra casa, debemos saber cómo proteger nuestro móvil.

JUSTICIA

El ideal de una justicia igual para todos es el sueño de todas las generaciones que nos precedieron y una de las justificaciones de nuestro sistema democrático. Sin justicia, ni la libertad ni la igualdad serían posible. Que nuestra joven democracia va consiguiendo niveles de justicia cada vez más afirmados y generalizados, es un hecho irrefutable. En una primera fase de la unidad entre Portugal y España, existirán dos Ministerios de Justicia, uno en España y otro en Portugal, que actuarán en total sintonía.

La experiencia está demostrando que la lentitud de la justicia es un hecho contrastado casi diariamente. En los casos judiciales de gran complejidad, que requieren de un apoyo técnico riguroso y mucha dedicación, se debe arbitrar un tipo de tribunal con todos los medios necesarios para juzgar rápido y bien.

PROPUESTAS

  • Competencia total del Estado en todos asuntos que afecten a la Justicia.
  • Conseguir una real independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En este sentido, para garantizar la independencia del poder judicial, proponemos:
    • Que los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por jueces, magistrados, secretarios judiciales, fiscales, abogados y procuradores en ejercicio, con una antigüedad de al menos 15 años.
    • Los miembros del Tribunal Constitucional serán elegidos: un tercio, por el Parlamento; otro, por magistrados y jueces en ejercicio y, el resto, por abogados y procuradores; todos según los mismos requisitos de antigüedad que el apartado anterior.
    • Que el fiscal general del Estado sea elegido por los propios fiscales, con sujeción a requisitos similares a los de los miembros del Tribunal Constitucional.
    • La duración máxima de todos estos cargos será de 8 años.
  • Eliminación de los aforamientos.
  • Dar a los fiscales la capacidad de instruir procedimientos.
  • Rigurosidad en el otorgamiento de indultos. En este sentido, se exigirán sendos dictámenes vinculantes tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Consejo de Estado para la concesión de cualquier indulto de delitos graves y también para los menos graves que sean contra la Administración Pública o realizado por cargos públicos en el ejercicio de sus funciones o aprovechándose de sus poderes para cometerlos.
  • Dotar a los órganos judiciales de los medios necesarios para desarrollar su labor y adaptarse al siglo XXI y a las tecnologías de la información.
  • Reforzar el Código Penal para aumentar las penas en casos de terrorismo, tráfico de drogas y personas, abuso de menores, corrupción, explotación laboral y delitos contra la propiedad.
  • Crear oficinas judiciales especiales, totalmente dotadas, para delitos de tráfico de drogas, corrupción, delitos económicos, maltrato y violencia doméstica, etc.
  • Compendiar y abreviar toda la legislación judicial.
  • Promulgar una nueva Ley de Mediación y Arbitraje.
  • Promulgar una Ley que obligue a dimitir (o a destituir) a cualquier cargo público imputado por corrupción o delitos económicos. (Propuesta a debatir).
  • Modificar la Ley del Menor, para evitar dejar sin castigo delitos graves cometidos por ellos: bullying, ciberacoso, violencia de género, violencia hacia progenitores…
  • Potenciar los Juzgados de Paz.
  • Reformar la Ley de Vigilancia Penitenciaria para garantizar la igualdad de trato en nuestra población reclusa.