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Economía y Empleo

ECONOMÍA

Todos los países de la Tierra, sin excepción, somos dependientes de un Estado Económico Global que nos marca las pautas a seguir en las dos actividades que más determinan la vida del ciudadano: la política y la economía.

Es un Sistema en el que desempeñan el principal papel no sólo los gobiernos de las grandes potencias militares y económicas, sino organizaciones no gubernamentales como las grandes multinacionales, las agencias calificadoras de riesgo, grupos criminales dedicados a la extorsión, a la droga, al espionaje, etc. Sólo en 2011 aparecen más de 43.000 corporaciones transnacionales.

Una globalización que nació para el desarrollo libre del comercio mundial y para reforzar los intercambios después de la Guerra Fría, y con buenos resultados al principio, se ha convertido en una máquina de aumento de poder y riqueza del Norte contra el Sur, de los más ricos sobre los más pobres, aunque es de justicia reconocer que la globalización ha permitido salir de la pobreza a millones de seres humanos sobre todo en los países emergentes.

Sin embargo, es un hecho evidente que la riqueza del Sistema no beneficia a todos por igual. No sólo el aumento del PIB mundial ha enriquecido a los más ricos, sino que ha producido una desigualdad mayor en países y personas (el 1% de la población posee el 46 % de la riqueza existente). Es un sistema desajustado por la pasividad de los organismos internacionales que genera un alto precio: la desigualdad e injusticia origina desafección por parte de los ciudadanos.

La desregulación del mercado es total; por no existir, no existe una norma aplicable a la reestructuración de las deudas soberanas, a pesar de su urgencia y de los intentos habidos. A todo ello hay que añadir la incoherencia de sus pretensiones teóricas. Como la incoherencia resta valor a la verdad de cualquier idea, podemos afirmar que la Globalización funciona con una gran carga de hipocresía y de intereses encubiertos.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que el capitalismo tiene una componente popular que anteriormente nunca tuvo (fondo de pensiones sindicales, de colectivos diversos, pequeños accionistas, etc.) y que el capital humano está dividido entre trabajadores formados tecnológicamente que tendrán acceso fácil al mercado de trabajo y otros carentes de formación que tendrán serias dificultades para integrarse en el sistema.

Destacan dos fracasos clamorosos de graves consecuencias futuras: el abandono del desarme mundial y el olvido en la toma de decisiones respecto al medio ambiente.

Para el Mercado la receta es que los países eleven el déficit e impriman más dinero; es decir, que los gobiernos realicen cuantas más obras, mejor, y que haya más dinero para que los consumidores gasten más.

En España, donde los flujos financieros se canalizan a través de los bancos, a diferencia de Estados Unidos, esa política de las grandes inversiones y de los créditos sin tino, unida a la locura inmobiliaria, ha echado por tierra una riqueza económica suficiente conseguida con muchos sacrificios por nuestros padres y abuelos.

La recuperación de las economías de la Península Ibérica exige volver a crear empresas y recuperar los millones de puestos de trabajo desaparecidos, para ello será necesario crecer de manera sostenible, creando, si es posible, empresas de mayor tamaño y favoreciendo a los autónomos, y, sobre todo, que ese crecimiento no se haga a costa de disminuir los salarios, sino con crecimientos de la productividad a base de mejorar la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico.

Hay que homologar las cuotas de trabajadores autónomos de España y Portugal a las cotas de los países (como Irlanda) más competitivos de la UE.

Una de las pretensiones del Partido Ibérico (íber) es mejorar las relaciones transatlánticas entre Europa y América, a fin de estrechar los lazos económicos entre los dos continentes. Aún persisten tasas arancelarias caducas y barreras no arancelarias que dificultan la exportación. La desaparición de obstáculos y burocracia favorecería sobre todo a las pequeñas empresas y les permitiría aumentar de tamaño. España se vería especialmente primada por una nueva normativa que potenciara esas relaciones.

PROPUESTAS

  • Creación de un Banco Central Ibérico con efectivos poderes de fiscalización y control de la Entidades Financieras.
  • Estudiar, aunque de manera académica, si el Euro es la divisa que más conviene a la Economía Ibérica. Asimismo la manera de implantación de la nueva moneda si resulta más ventajosa a nuestra economía.
  • Poner fin a los paraísos fiscales, con una especial atención para Gibraltar y Andorra (aunque reconocemos los esfuerzos de esta última para cooperar con España).
  • Fomentar una empresa de calificación Europea para que las evaluaciones de los estados y entidades sea hecha de manera más imparcial y auténtica no sólo recurriendo a calificaciones resultantes de EUA sino también con el peso de Europa.
  • Potenciar la banca pública actual: ICO.
  • Cuestionar los títulos respaldados por hipotecas de alto riesgo.
  • Fortalecer la política monetaria y fiscal europea.
  • Prevenirse respecto a la emisión de deuda por parte de empresas no financieras de países emergentes.
  • Regulación de la rentabilidad de los operadores financieros.
  • Reestructuración de la deuda: aprovechar los históricos bajos intereses existentes en la actualidad para reemplazar la deuda contraída en el pasado a un interés superior o a un plazo más corto por deuda con un tipo de interés o con un plazo de vencimiento más largo a igual interés.
  • Crear un fondo con capital público y privado para reducir la deuda de los hogares, así como para evitar los desahucios cuando resulten injustos, sin que se pueda imputar a los propietarios de los inmuebles alguna responsabilidad.
  • Dar prioridad a las políticas que creen empleo.
  • No crecer más, sino mejor.
  • Crecimiento basado en la productividad.
  • Redistribución de la riqueza de acuerdo con el esfuerzo.
  • Facilitar un capitalismo de coste cero.
  • Posibilitar un sistema económico que permita al consumidor ser productor.
  • Elaborar una Ley de Financiación de Autónomos y de Pequeñas y Medianas Empresas.
  • Elaborar una Ley de Fomento de la financiación empresarial.
  • Fomentar el empleo juvenil.
  • Que se persiga una política económica que intente conseguir grandes ventajas para todos los países que a lo largo de la historia han tenido relación con España y Portugal. Y que la Península Ibérica se constituya el motor de esas relaciones.
  • Fomentar el emprendimiento.
  • Crear una “cultura económica”, implantando la asignatura de Economía ya desde la Escuela Básica.
  • Crear un Fondo Soberano Ibérico (a semejanza del que existe actualmente en Noruega), financiado por los superávits presupuestarios, y cuyos beneficios sean reinvertidos en la Nación.
  • Fomentar el “crowd-­lending”, reduciendo la retención por IRPF que sufre en la actualidad este tipo de financiación (esta medida, junto con la de fomento del emprendimiento, podrían ir dentro de la Ley de Fomento de la financiación empresarial y/o de la Financiación de Autónomos y de Pequeñas y Medianas Empresas).

COOPERATIVISMO

En la actualidad, más de 30 millones de estadounidenses son co­propietarios de empresas del tercer sector o cooperativas de crédito. Muchas de las empresas que se cierran reciben ayudas del gobierno para poder subsistir. Es la síntesis más buscada en la historia de la humanidad entre participación de los trabajadores responsable y comprometida y la respuesta justa a ese esfuerzo por parte del sistema productivo capitalista.

En España hay datos fiables de que las cooperativas han aguantado mejor la crisis y han producido menos despidos. Mientras que en el sector privado los despidos superan el 20 %, en el cooperativismo se ha llegado incluso a crear empleo.

Compromiso responsable, mayor esfuerzo individual y de conjunto, flexibilidad en los buenos y malos momentos, espíritu de sacrificio, visión de futuro, mayor conocimiento del funcionamiento de la empresa, democracia en la gestión, inversión en I+D+i, podrían ser elementos que mejorarían la gestión privada en las mismas condiciones.

PROPUESTAS

  • Fomentar el cooperativismo será una tarea constante del Partido Ibérico (Íber).
  • Crear empresas tecnológicas avanzadas en régimen cooperativo.

EMPLEO

Todas las políticas de empleo serán consensuadas con los Sindicatos y los Empresarios.

FISCALIDAD E INGRESOS PÚBLICOS

La fiscalidad será una de las piezas clave de la integración económica y política de Iberia. Un Estado no puede existir si existen barreras económicas internas a la movilidad de los productos, las personas y las empresas. Por otro lado, es precisamente cuando más movilidad de personas y recursos existen cuando una determinada área geográfica desarrolla su máxima potencialidad. Finalmente, a nadie se le escapa que todo Estado necesita ingresos para hacer frente a sus gastos, y es bien sabido que, en las economías modernas, los tributos, y dentro de ellos los impuestos, son la principal fuente de recaudación del Estado. Por estas dos razones, es imperativo abordar la fiscalidad de España y de Portugal de forma conjunta y coordinada y establecer un sistema económico que, sin ser confiscatorio, garantice los ingresos suficientes a los distintos entes políticos de Iberia para que estos lleven a cabo las funciones sociales que tienen encomendadas.

El panorama general de la fiscalidad en Iberia puede definirse como caótico e injusto, donde los impuestos indirectos sobre el consumo tienen un peso excesivo en la financiación. Las diferencias en la carga fiscal de los ciudadanos según el lugar en el que residen es inasumible, incluso dentro del mismo país. Por otro lado, la maraña legislativa y normativa hace que sea difícil planificar ni obtener un mínimo grado de seguridad jurídica para la inversión. Por ello, defendemos la armonización normativa dentro de España y con Portugal, para así crear un auténtico espacio económico unificado y favorecer la creación de un sistema tributario justo y que cumpla con el mandato constitucional de que cada uno contribuya según su capacidad económica o, dicho a la inversa, buscar la riqueza allí donde se encuentra. También defendemos acentuar el peso de la fiscalidad directa y reducir la multitud de impuestos de carácter indirecto que existen en España y que no gravan manifestaciones genuinas de riqueza sino indicios de esta.

Otro aspecto a destacar en el panorama de la fiscalidad de Iberia es la complicada fiscalidad municipal, con impuestos tales como el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (antigua Plusvalía Municipal), el cual resulta profundamente injusto en tanto que tal como está configurado puede gravar y de hecho grava las transmisiones de inmuebles incluso aunque se haga con pérdida. No mejor valoración merece el Impuesto sobre Actividades Económicas, que supone un auténtico impuesto revolucionario para las medianas y grandes empresas (puesto que las pequeñas empresas y las personas físicas están exentas de ellas), puesto que no grava los beneficios ni la generación de renta sino el mero ejercicio de una actividad económica. Este impuesto daña sin duda la competitividad de nuestras empresas más punteras. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras supone una doble imposición encubierta, puesto que grava prácticamente lo mismo que el IVA. En cambio, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un impuesto de gran potencialidad de recaudación que, además, afecta especialmente a las rentas más altas ­aquellas que acceden a la propiedad inmobiliaria­, pero tiene el problema de solaparse con el Impuesto sobre el Patrimonio (ambos gravan la tenencia de bienes, uno solo el de bienes inmuebles, otro el de todos los bienes, incluidos los inmuebles), lo cual debe corregirse. Por todo lo anterior, es vital reformar la fiscalidad local para que los municipios puedan recaudar lo suficiente para cumplir sus fines sociales sin incurrir en injusticias tributarias ni en ineficiencias económicas.

Merece también nuestra atención la fiscalidad indirecta y, en especial, la coordinación entre las distintas figuras tributarias que gravan la transmisión de bienes, ­IVA, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, Impuesto de Actos Jurídicos Documentados e Impuesto de Operaciones Societarias­. Los límites entre estos impuestos son difusos y en muchos casos originan desconcierto e indefensión en el contribuyente, que, recordemos, en muchos casos es una simple persona física que adquiere una vivienda o la vende. De hecho, en ciertos casos, la cuestión sobre si cierto acto ha de tributar por un impuesto o por otro es oscura hasta para los expertos en la materia. Por ello, nos planteamos redefinir la fiscalidad de las transmisiones de bienes para clarificar qué situaciones tributan por qué impuestos. Además, planteamos reducir las sanciones en caso de equivocación, de forma que si alguien liquida un impuesto en vez de otro y la inspección regulariza la situación, la sanción y la regularización se limiten a la parte que se dejó de ingresar. En otras palabras, si alguien liquida Transmisiones Patrimoniales Onerosas por valor de 80 y la inspección estima que esa operación debía liquidar IVA por valor de  100, el contribuyente solo tenga que ingresar 20 y la sanción sea en proporción a 20, en vez de como se viene practicando hasta ahora: obligar al contribuyente a abonar 100, sancionar sobre 100 e indicarle que, si lo desea, puede solicitar luego una devolución de ingresos indebidos (la cual puede demorarse años) por valor de 80.

El tercer aspecto destacable de la fiscalidad es el internacional. España y Portugal han tejido una significativa red de convenios de doble imposición con diversos países sin haber seguido una política coherente u ordenada, lo cual ha llevado a crear auténticos coladeros que permiten llevarse los ingresos y rentas a otros países y mermar los ingresos del Estado. También es destacable la pléyade de paraísos fiscales existentes ­muchos de ellos, dependientes de la Corona Británica­, que permiten camuflar el patrimonio y reducir ilegítimamente la tributación por los beneficios obtenidos en España. Es cierto que en este último aspecto se ha avanzado enormemente en el ámbito de la Unión Europea y el internacional ­baste mencionar el reciente convenio para evitar la doble imposición firmado entre España y Andorra, impensable hace solo una década.

PROPUESTAS

  • Establecer un sistema tributario justo y equilibrado, inspirado en los principios de progresividad y capacidad económica, sin que en ningún caso pueda resultar confiscatorio. En este sentido, nos comprometemos a que el tipo máximo del IRPF (teniendo en cuenta el gravamen complementario por patrimonio) no supere el 50% salvo por los recargos que las Comunidades Autónomas puedan establecer y que el Estado no puede controlar.
  • Evolucionar hacia una regulación conjunta del IVA y del Impuesto sobre Sociedades en España y Portugal. Dado que los tipos de gravamen son superiores actualmente en Portugal, la evolución sería paulatina, bajando los tipos Portugal a medida que la situación presupuestaria lo permitiera. Es posible que sea necesario en algún caso subir el impuesto en España para facilitar la tarea a Portugal. La normativa de IVA e Impuesto de Sociedades que no afecte a tipos de gravamen deben unificarse de la forma más rápida posible, partiendo de una comisión bilateral que analice la regulación existente en ambos países y seleccione los mejores aspectos de cada una de ellas para formular un texto integrado de la mejor calidad posible, inspirándose en los principios de unidad, simplicidad y justicia tributaria.
  • Revisar la fiscalidad especial de Canarias, Las Azores y Madeira, a fin de lograr en ella el mismo proceso de convergencia que se busca entre España y Portugal para el IVA pero respetando las características especiales del hecho insular y la condición de regiones ultraperiféricas.
  • Revisión de la fiscalidad de Ceuta y Melilla a fin de armonizar su regulación con la existente en el resto de la Península Ibérica, salvo en la cuestión de los tipos de gravamen, que se mantendrán en los rangos actuales para amoldarse a su condición geográfica singular.
  • Armonización parcial del resto de impuestos, de modo que la definición del hecho imponible, supuestos de no sujeción, exenciones y base imponible sean uniformes en toda Iberia. Las Comunidades Autónomas y Portugal podrán definir el tipo de gravamen, las bonificaciones y deducciones, si bien la normativa estatal establecerá unos tipos efectivos de gravamen mínimos en todos los impuestos, para evitar así la competencia tributaria desleal. La normativa estatal también incluirá supuestos de bonificaciones y deducciones básicos que las Comunidades Autónomas y Portugal podrán aumentar (no reducir), ampliar o extender, además de incluir otras bonificaciones y deducciones diferentes. En tanto no se avance en la integración con Portugal, esta propuesta se aplicará igualmente al sistema de financiación y a los poderes tributarios de las Comunidades Autónomas.
  • Reformar la fiscalidad local, suprimiendo el Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. A cambio, se otorgará a los ayuntamientos la capacidad de cobrar una cuota suplementaria que podrá ir desde un mínimo del 0,5% hasta el 1% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Esta cuantía se sustraerá a partes iguales de la cuota autonómica y la estatal, para así cumplir con el mandato constitucional de que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas deben contribuir a garantizar que los entes locales dispongan de suficientes recursos para el cumplimiento de sus fines sociales. En cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, este dejará de gravar la vivienda habitual de los contribuyentes. No obstante, el valor catastral se incrementará hasta alcanzar el 80% del valor de mercado (desde el actual 50%) y se incrementarán los tipos para el resto de situaciones. No se considera adecuado ampliarlo hasta el 100% del valor de mercado para mantener un colchón de seguridad y así evitar que la imprecisión de las mediciones, las condiciones particulares de los propietarios o del inmueble o los comportamientos anómalos de los precios puedan en algún momento hacer que se grave una capacidad económica ficticia e inexistente. Se establecerá una reducción del 50% de la cuota del IBI cuando el inmueble se encuentre afecto a una actividad económica o arrendado como vivienda habitual de una tercera persona (o bien ofrecido en arrendamiento). Para evitar situaciones artificiales de arriendo a familiares cercanos o aportación a una sociedad sin que la sociedad utilice el inmueble realmente, se establecerán normas antiabuso.
  • Reformar el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas con el fin de garantizar la adecuada consecución de sus fines, tener en cuenta la capacidad recaudatoria que cada una genera, atender a las necesidades específicas de la población de cada Comunidad y premiar a aquellas Comunidades que desarrollen una política fiscal prudente y logren avances significativos en la consecución de los fines sociales marcados por la Constitución.
  • Eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio, que al fin y al cabo grava las rentas acumuladas por el contribuyente, que ya fueron gravadas en su día en el impuesto sobre la renta. En su lugar, el impuesto sobre la renta estará modulado en función del patrimonio preexistente del sujeto pasivo, de tal forma que el tanto por ciento que este abone aumentará a medida que aumente el patrimonio preexistente de la persona. Como precaución, se buscarán fórmulas para tomar como medida el patrimonio de la unidad de convivencia (por ejemplo, sumando el patrimonio de toda la unidad de convivencia y dividiéndolo entre el número de miembros), a fin de evitar prácticas fraudulentas como transmitir el patrimonio al cónyuge o a los descendientes. De esta forma se elimina por un lado la doble imposición que de facto (si bien no de iure) provoca el IBI respecto del Impuesto sobre el Patrimonio y por otro se crea un sistema tributario más justo, donde se tiene en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo (quien no tiene patrimonio necesita más la renta que obtiene, en cambio, quien ya tiene patrimonio puede contribuir más, no sucede lo mismo si se gravan patrimonio y renta por separado, porque alguien puede tener mucho patrimonio y no tener capacidad económica, por ejemplo, por haber obtenido ese patrimonio por herencia pero no tener rentas propias (aunque nuestra actual ley del Impuesto sobre el Patrimonio prevé sistemas para corregir parcialmente esta situación). En tal caso, resultaría que este sujeto tendría que vender su patrimonio para hacer frente al impuesto, lo cual supone en términos campechanos matar la fuente de recaudación y por lo tanto recaudación para hoy y hambre para mañana. Esta situación se evita con la propuesta que planteamos).
  • Aumentar la progresividad del IRPF y simplificar su regulación para facilitar su comprensión y fiscalización por los ciudadanos. En este sentido, eliminaremos los mínimos exentos y los sustituiremos por deducciones equivalentes en cuantía, de tal forma que sea imposible hacer un uso electoralista de estos mínimos como ha hecho el PP en la última reforma (donde ha subido los mínimos exentos de forma nominal pero en la práctica, al aplicar el sistema del impuesto, resulta que permiten deducirse lo mismo o menos que antes al contribuyente).
  • Con el mismo objetivo, eliminaremos las reducciones existentes en las rentas del trabajo y las sustituiremos por deducciones equivalentes. De esta forma, no solo se simplificará la regulación, sino que se evitará el efecto perverso de estas reducciones: benefician más a quien tiene más renta, dado que el impuesto es progresivo. Con esta reforma, beneficiará a todos por igual.
  • Aumentaremos las deducciones existentes (y las resultantes de convertir las reducciones actuales) por personas dependientes, por discapacidad, por nacimiento de hijos y por tributación conjunta para los casos en los que se tenga a cargo al propio cónyuge por no recibir este rentas suficientes.
  • Las viviendas habituales que superen un valor catastral ampliamente por encima de lo ordinario dejarán de estar exentas de la imputación de rentas inmobiliarias.
  • Simplificación del Régimen especial para las empresas de reducida dimensión en el Impuesto sobre Sociedades. En este sentido, las distintas deducciones y bonificaciones existentes serán sustituidas por un tipo de gravamen reducido especial, del 20% para los primeros 500.000 euros de base imponible. La única excepción será la reserva de nivelación, que se mantendrá como en la actualidad.
  • Eliminar el Impuesto sobre Operaciones Societarias, que tiene una capacidad de recaudación extremadamente limitada y sin embargo ocasiona a las empresas una carga burocrática desproporcionada para la recaudación que se consigue. Esta eliminación irá acompañada de una reformulación del hecho imponible de las otras modalidades del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que así no queden sujetas a gravamen alguno las operaciones que previamente quedaban sujetas al Impuesto sobre Operaciones Societarias.
  • Eliminar el gravamen del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas en las transmisiones de inmuebles producidas durante la transmisión de unidades económicas autónomas, para así cumplir con el espíritu de la normativa europea que regula esta materia, y no solo con la letra.
  • Eliminar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, que supone una suerte de impuesto revolucionario que se impone sobre transmisiones que, o bien no revelan capacidad económica alguna, o bien están ya gravadas por IVA. En su lugar, las tasas registrales serán actualizadas acordemente para reflejar el coste de las operaciones que realizan. Como excepción, se mantendrá este gravamen en las adquisiciones y transmisiones de títulos nobiliarios.
  • Redefinir el hecho imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para dejar de gravar operaciones arcaicas y en desuso (como el censo) y asegurarse de que el sujeto pasivo de las diversas operaciones es quien realmente tiene capacidad económica para abonar el gravamen.
  • Actualizar a precios corrientes actuales las remuneraciones de los documentos sin cuantía otorgados por los notarios, que se han mantenido inalterados desde los años 80, llegando a situaciones ridículas como que los notarios pierdan dinero al otorgar estos documentos.
  • Presionar a la Unión Europea para la implantación de la Tasa Tobin de forma generalizada en la Unión Europea.
  • Establecer una política fiscal coherente en la negociación de futuros convenios para evitar la doble imposición y en la revisión de convenios antiguos, para así evitar incoherencias y agujeros fiscales fruto de la descoordinación entre estos convenios.
  • Lograr la armonización de los convenios para evitar la doble imposición firmados entre Portugal y España con el resto de países y territorios del mundo. En concreto, la armonización se produciría de la siguiente manera:
    • Acuerdo bilateral inicial entre España y Portugal para establecer una política clara y coherente que deberá aplicarse en todos los tratados internacionales que vayan a celebrarse o revisarse, con el fin de evitar así los agujeros fiscales que la falta de planificación o los cambios de criterio han originado.
    • Cumplido lo primero, negociación conjunta de todos los nuevos tratados o revisiones de tratados que se produzcan en el futuro, de forma que estos tengan el mismo contenido en España y en Portugal.
    • Cuando la integración haya avanzado a niveles superiores, unificación de los convenios. Este procedimiento será complejo, pues implicará que uno de los dos países renunciará a su convenio y adoptará el del otro, lo cual requerirá al menos el consentimiento tácito del tercer país que ha firmado el convenio que ve ampliado su ámbito de ampliación (no así el consentimiento del tercer país cuyo tratado deja de aplicarse, pues el derecho internacional contempla la denuncia de los tratados).
    • Este proceso requerirá primero evaluar para cada país cuál de los convenios firmados (si el de España o el de Portugal) es más beneficioso para Iberia o más acorde con la política que se sigue en los convenios. En general, dado el mayor tamaño y peso económico de España, es esperable que los firmados por España sean más beneficios, pero esto no tiene que ser siempre así. Además, puede suceder que con algún país concreto solo España o solo Portugal tengan tratado y por tanto no existirá discusión sobre qué tratado es más beneficioso.
    • El siguiente paso será obtener el consentimiento de cada país para ampliar el ámbito objetivo del tratado. Esto será fácil cuando Portugal adopte el de España, pues no es un gran cambio pasar de aplicarse a 46 millones de habitantes que a 56 millones, pero puede plantear problemas cuando la cuestión sea a la inversa (pasar de 10 millones a 56 millones) y es posible que el tercer país solicite entonces una renegociación de ciertos términos o que se le garanticen ciertas concesiones. Esta negociación ha de hacerse sin perder de vista el objetivo último de política fiscal que se esté siguiendo y ha de demorarse tanto como sea necesario para obtener tal objetivo.
    • Una vez obtenido el consentimiento, con las garantías o concesiones que se hayan acordado, se denunciará el convenio que se ha descartado y el otro convenio pasará a aplicarse tanto a España como a Portugal.
    • Intensificar la lucha contra los paraísos fiscales en el seno de los organismos internacionales y, en particular, aumentar la presión sobre el Reino Unido para que todos los territorios dependientes de la corona británica que se consideran paraísos fiscales (prácticamente la mitad de todos los territorios considerados paraísos fiscales por España son dependientes de la Corona Británica) abandonen su actual opacidad y su condición de base de operaciones del fraude al fisco Español.
    • Intensificación de la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal tanto en España como fuera de ella, a fin de que esta alcance niveles propios de una economía desarrollada europea. En particular, aumento de la dotación de medios de la Agencia Tributaria. El número de inspectores de hacienda ha de alcanzar los 5.000 efectivos (actualmente es inferior a 2.000) y el personal de la agencia tributaria ha de pasar de los actuales 25.000 hasta los 45.000.